ESTIMADA ASOCIACIÓN: Madrid 29 enero 2011
Estamos investigando como (des)atiende la Sanidad Pública Española la Salud Mental de las mujeres que están en Prisión y en que medida (no) se respetan sus DDHH en este contexto.
El tema es de gran interés porque es un hecho conocido que un 80% de las mujeres en las prisiones españolas han sufrido previamente violencia basada en género. De ellas un número considerable ha sufrido violencia sexual durante su infancia, en su propia familia. Presentan por ello trastorno por estrés postraumático (TEPT) o trastorno por estrés extremo (DESNOS).
En ambos casos se trata realmente de trastornos de la personalidad; que afectan, de manera permanente, inflexible y desadaptativa, la conducta, la experiencia interna, la cognición, la afectividad, las relaciones interpersonales y el control de impulsos, causando malestar subjetivo y deterioro funcional significativo. Las mujeres afectadas pueden presentar tres síntomas que tienen importancia criminológica: revictimización, victimizar a otras personas y abuso de alcohol y otras drogas. Tratarlas como toxicómanas es un error: el consumo es una consecuencia de su trastorno de la personalidad no la causa.
El Estado tiene la obligación de reparar la Salud Mental de estas mujeres, es de justicia pues son victimas, pero es también una necesidad social, pues la reparación es la única manera para que no vuelvan a delinquir. Las Ciencias de la Salud disponen de instrumentos para tratar con éxito estas patologías, si bien el modelo medico-quirúrgico (el uso de psicofármacos) por si solo, no es efectivo, y es contraproducente. El Estado debe crear los recursos adecuados (preventivos, terapéuticos, reparadores) y ponerlos a disposición de las mujeres y las niñas. La Justicia Penal, por si misma ni previene ni repara.
No estamos eximiendo a estas mujeres de su conducta ni somos una ONG “antisistema”, muy al contrario consideramos que no facilitar a estas mujeres la atención precisa es tirar el dinero del contribuyente, para aumentar el dolor de ellas y el de sus posibles victimas.
Os rogamos que leáis las dos cartas adjuntas. Iniciamos el envío de la primera carta y ante nuestra sorpresa, la de su abogado y de la propia interesada, ERL fue puesta en libertad condicional a los pocos días. Al ser su situación otra, suspendimos la difusión y enviamos la segunda que se refiere al estado actual. Esta carta parece que ya ha sido publicada en algún periódico de Castilla y León. Sin embargo para entender los hechos es necesario difundir ambas cartas y es lo que estamos haciendo.
Los hechos que se refieren a ERL son ciertos. Tenemos información suficiente para afirmar que situaciones análogas afectan a numerosas mujeres en dichas prisiones, si bien no sabemos (aun) el alcance y profundidad (prevalencia) de esta problemática.
Consideramos que es un problema de DDHH, pero no en el ámbito penitenciario sino en el de la Sanidad Publica, estas mujeres tampoco son atendidas antes de ingresar en prisión, ni después; como tampoco reciben atención todas aquellas (un numero considerablemente mayor) que aunque presentan el mismo perfil psico-social, nunca han ingresado en prisión
DENUNCIAMOS LA AUSENCIA, EN EL ESTADO ESPAÑOL, DE RECURSOS SANITARIO-SOCIALES ESPECÍFICOS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS QUE SUFREN ESTAS PATOLOGÍAS.
ONG fundación Bachué - Mujer, DDHH, Salud Mental.
Estamos investigando como (des)atiende la Sanidad Pública Española la Salud Mental de las mujeres que están en Prisión y en que medida (no) se respetan sus DDHH en este contexto.
El tema es de gran interés porque es un hecho conocido que un 80% de las mujeres en las prisiones españolas han sufrido previamente violencia basada en género. De ellas un número considerable ha sufrido violencia sexual durante su infancia, en su propia familia. Presentan por ello trastorno por estrés postraumático (TEPT) o trastorno por estrés extremo (DESNOS).
En ambos casos se trata realmente de trastornos de la personalidad; que afectan, de manera permanente, inflexible y desadaptativa, la conducta, la experiencia interna, la cognición, la afectividad, las relaciones interpersonales y el control de impulsos, causando malestar subjetivo y deterioro funcional significativo. Las mujeres afectadas pueden presentar tres síntomas que tienen importancia criminológica: revictimización, victimizar a otras personas y abuso de alcohol y otras drogas. Tratarlas como toxicómanas es un error: el consumo es una consecuencia de su trastorno de la personalidad no la causa.
El Estado tiene la obligación de reparar la Salud Mental de estas mujeres, es de justicia pues son victimas, pero es también una necesidad social, pues la reparación es la única manera para que no vuelvan a delinquir. Las Ciencias de la Salud disponen de instrumentos para tratar con éxito estas patologías, si bien el modelo medico-quirúrgico (el uso de psicofármacos) por si solo, no es efectivo, y es contraproducente. El Estado debe crear los recursos adecuados (preventivos, terapéuticos, reparadores) y ponerlos a disposición de las mujeres y las niñas. La Justicia Penal, por si misma ni previene ni repara.
No estamos eximiendo a estas mujeres de su conducta ni somos una ONG “antisistema”, muy al contrario consideramos que no facilitar a estas mujeres la atención precisa es tirar el dinero del contribuyente, para aumentar el dolor de ellas y el de sus posibles victimas.
Os rogamos que leáis las dos cartas adjuntas. Iniciamos el envío de la primera carta y ante nuestra sorpresa, la de su abogado y de la propia interesada, ERL fue puesta en libertad condicional a los pocos días. Al ser su situación otra, suspendimos la difusión y enviamos la segunda que se refiere al estado actual. Esta carta parece que ya ha sido publicada en algún periódico de Castilla y León. Sin embargo para entender los hechos es necesario difundir ambas cartas y es lo que estamos haciendo.
Los hechos que se refieren a ERL son ciertos. Tenemos información suficiente para afirmar que situaciones análogas afectan a numerosas mujeres en dichas prisiones, si bien no sabemos (aun) el alcance y profundidad (prevalencia) de esta problemática.
Consideramos que es un problema de DDHH, pero no en el ámbito penitenciario sino en el de la Sanidad Publica, estas mujeres tampoco son atendidas antes de ingresar en prisión, ni después; como tampoco reciben atención todas aquellas (un numero considerablemente mayor) que aunque presentan el mismo perfil psico-social, nunca han ingresado en prisión
DENUNCIAMOS LA AUSENCIA, EN EL ESTADO ESPAÑOL, DE RECURSOS SANITARIO-SOCIALES ESPECÍFICOS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS QUE SUFREN ESTAS PATOLOGÍAS.
ONG fundación Bachué - Mujer, DDHH, Salud Mental.
